Reescritura: La idoneidad de que profesionales de diversas disciplinas ejerzan como profesores en colegios sin tener necesariamente ese título

En nuestro país según la LGE, las capacidades de los profesores no se relacionan con lo que la sociedad del conocimiento está exigiendo hoy en día al sistema educativo. Por lo tanto, ¿es legítimo autorizar a otros profesionales a enseñar en las salas de clases?
Los profesores estudian durante cinco años una carrera que les entrega las herramientas y habilidades necesarias para enseñar. Por un lado, las transposiciones didácticas realizadas por los maestros contribuyen a la construcción del conocimiento científico en el aula. Por otro lado, la interpretación oral que ofrece el maestro siempre reconstruye el contenido de un texto escrito cuando éste entra al espacio social del aula. Los docentes frecuentemente aclaran, explican y contextualizan el contenido con información, preguntas y ejemplos que lo acercan a los saberes cotidianos de los alumnos.
Asimismo, la transformación de la actividad experimental, a la que contribuyen los alumnos que interpretan el conocimiento desde lo que ellos entienden, es otra transposición del contenido que forma parte de la construcción social del conocimiento científico que se realiza en el aula. De esta forma, los docentes se convierten en los mediadores de este proceso cognitivo de los alumnos, guiándolos en sus aprendizajes de manera que sean significativos para ellos.
Existen grupos de personas que aseguran que la entrada a la docencia de otros profesionales es fuente de enriquecimiento para el área educativa. Afirman que el aporte de dichos profesionales vendría no sólo desde lo disciplinar, sino que también desde la experiencia adquerida debido a su desempeño en el mundo laboral. Sin embargo, esto no siempre es suficiente, ya que muchos de ellos no cumplen con las competencias pedagógicas necesarias para enseñar.
La solución para lograr hacer un verdadero cambio en la calidad de la educación chilena no es la inclusión de profesionales de otras áreas. Se debe cortar el problema de raíz, por lo que es indispensable un sistema de evaluación de los conocimientos y competencias de los egresados de pedagogía. Se deben dar a conocer los resultados de dicha evaluación, con el fin de que las instituciones formadoras de docentes realicen una política consistente de reforma y enriquecimiento de las mismas. De esta manera, se estará contribuyendo a una mejora en la calidad del sistema educativo de nuestro país.

La idoneidad de que profesionales de diversas disciplinas ejerzan como profesores en colegios sin tener necesariamente ese título

En nuestro país según la LGE, las capacidades de los profesores no se relacionan con lo que la sociedad del conocimiento está exigiendo hoy en día al sistema educativo. Por lo tanto, ¿es legítimo autorizar a otros profesionales a enseñar en las salas de clases?
Los profesores estudian durante cinco años una carrera que les entrega las herramientas y habilidades necesarias para enseñar. Las transposiciones didácticas realizadas por los maestros contribuyen a la construcción del conocimiento científico en el aula. La interpretación oral que ofrece el maestro siempre reconstruye el contenido de un texto escrito cuando éste entra al espacio social del aula. Los docentes frecuentemente aclaran, explican y contextualizan el contenido con información, preguntas y ejemplos que lo acercan a los saberes cotidianos de los alumnos.
Por otro lado, la transformación de la actividad experimental, a la que contribuyen los alumnos que resignifican el conocimiento desde lo que ellos entienden, es otra transposición del contenido que forma parte de la construcción social del conocimiento científico que se realiza en el aula. De esta forma, los docentes se convierten en los mediadores de este proceso cognitivo de los alumnos, guiándolos en sus aprendizajes de manera que sean significativos para ellos.
Existen grupos de personas que aseguran que la entrada a la docencia de otros profesionales es fuente de enriquecimiento para el área educativa. Afirman que el aporte de dichos profesionales vendría no sólo desde lo disciplinar, sino que también desde la experiencia adquerida debido a su desempeño en el mundo laboral. Sin embargo, esto no siempre es suficiente, ya que muchos de ellos no cumplen con las competencias pedagógicas necesarias para enseñar.
La solución para lograr hacer un verdadero cambio en la calidad de la educación chilena no es la inclusión de profesionales de otras áreas. Se debe cortar el problema de raíz, por lo que es indispensable un sistema de evaluación de los conocimientos y competencias de los egresados de pedagogía. Se deben dar a conocer los resultados de dicha evaluación, con el fin de que las instituciones formadoras de docentes realicen una política consistente de reforma y enriquecimiento de las mismas. De esta manera, se estará contribuyendo a una mejora en la calidad del sistema educativo de nuestro país.

Reescritura: Alza de impuesto a la comida chatarra

Inspirado en las campañas antitabaco que se están llevando a cabo en todo el mundo, el Ministerio de Salud presentó un proyecto de ley para aumentar el impuesto a la comida chatarra, proyecto que está en “Segundo Trámite Constitucional”, en dicha cámara y que fue presentado por el Senador del PPD Guido Girardi.
El tema ya entró en la discusión y ya existen partidarios y opositores, no es un tema sencillo, ya que ciertamente nuestra población está en un aumento significativo y preocupante respecto de la obesidad. Según estudios publicados por la JUNAEB, 1 de cada 5 alumnos que cursan primero básico tienen niveles de sobrepeso u obesidad.
La reforma traería consigo beneficios como conseguir que menos personas se animen a gastar en alimentos que no hacen bien a la salud, debido a que la compra de los productos de comida chatarra sería más cara. De esta manera, se estaría inculcando el consumo de comida saludable y se reducirían los costos de atención médica de la obesidad, los cuales se han disparado. Por último, también se estarían generando fondos para la reconstrucción del país.
Sin embargo, los grupos opositores al alza de impuestos afirman que dicha medida sería insuficiente debido a que se deben cambiar los hábitos alimenticios e incentivar el ejercicio para provocar cambios significativos en la vida de las personas. Además indican que el gobierno estaría actuando de “niñera” del país, mediante el control de lo que comemos. Impuestos adicionales podrían conducir a recortes de empleo en las empresas afectadas y contribuir a un deterioro del poder adquisitivo de los consumidores.
A pesar de los datos, hay una oposición natural a cualquier intento del gobierno para influir en la elección de alimentos a través de impuestos, o cualquier otro tipo de legislación. ¿Esta reacción se deriva de una diferencia categórica entre el consumo de alimentos poco saludables o es una reacción humana de tener otro tipo de comportamiento regulado? Sin embargo, de algo sí estamos seguros; dicha reforma sí estaría contribuyendo a que nuestro país privilegie el consumo de frutas y verduras por sobre la comida chatarra y así mejore sus hábitos alimenticios para frenar la creciente epidemia de obesidad.

Alza de impuesto a la comida chatarra

Inspirado en las campañas antitabaco que se están llevando a cabo en todo el mundo, el Ministerio de Salud presentó un proyecto de ley para aumentar el impuesto a la comida chatarra, proyecto que está en “Segundo Trámite Constitucional”, en dicha cámara y que fue presentado por el Senador del PPD Guido Girardi.
El tema ya entró en la discusión y ya existen partidarios y opositores, no es un tema sencillo, ya que ciertamente nuestra población está en un aumento significativo y preocupante respecto de la obesidad. Según estudios publicados por la JUNAEB, 1 de cada 5 alumnos que cursan primero básico tienen niveles de sobrepeso u obesidad.
La reforma traería consigo beneficios como conseguir que menos personas se animen a gastar en alimentos que no hacen bien a la salud, debido a que la compra de los productos de comida chatarra sería más cara. De esta manera, se estaría inculcando el consumo de comida saludable y se reducirían los costos de atención médica de la obesidad, los cuales se han disparado. Por último, también se estarían generando fondos para la reconstrucción del país.
Sin embargo, los grupos opositores al alza de impuestos afirman que dicha medida sería insuficiente debido a que se deben cambiar los hábitos alimenticios e incentivar el ejercicio para provocar cambios significativos en la vida de las personas. Además indican que el gobierno estaría actuando de “niñera” del país, mediante el control de lo que comemos. Impuestos adicionales podrían conducir a recortes de empleo en las empresas afectadas y contribuir a un deterioro del poder adquisitivo de los consumidores.
A pesar de los datos, hay una oposición natural a cualquier intento del gobierno para influir en la elección de alimentos a través de impuestos, o cualquier otro tipo de legislación. ¿Esta reacción se deriva de una diferencia categórica entre el consumo de alimentos poco saludables o es una reacción humana de tener otro tipo de comportamiento regulado? Sin embargo, de algo si estamos seguros; dicha reforma si estaría contribuyendo a que nuestro país privilegie el consumo de frutas y verduras por sobre la comida chatarra y así mejore sus hábitos alimenticios para frenar la creciente epidemia de obesidad.

Corrección: El establecimiento de la inscripción automática en los registros electorales al cumplir la mayoría de edad.

En estos días, en nuestro país se está discutiendo sobre la implementación del voto voluntario o facultativo, en reemplazo del régimen que actualmente tenemos, el cual es del voto obligatorio o compulsivo.
Los grupos a favor de dicha reforma indican que el voto obligatorio coercitivamente incita el interés de los jóvenes en la política y en el gobierno, además de constituir una política de igualdad y eliminación del sesgo de la participación de los jóvenes menos privilegiados. Los jóvenes en edad de inscripción, es decir, mayores de 18 años, son aproximadamente 2 millones, los cuales fácilmente daríamos un vuelco a las elecciones y a la determinación de proyectos políticos.
Sin embargo, en la otra vereda, se afirma que el voto voluntario es consistente con el sistema democrático y el Estado de Derecho. No sería sustentable la existencia de derechos cuyo ejercicio sea obligatorio, puesto que los mismos por definición son facultativos. Si bien existen derechos no renunciables, no existen derechos que a la vez constituyan deberes, ya que sería una contradicción en sí misma. Así como una persona podría ejercer un derecho, podría también no ejercerlo y ello no debería generar problema alguno para el mismo.
La misión central de los políticos y de sus respetivos partidos radica en mejorar la calidad de la democracia. Como consecuencia, escuchar a la gente e interpretar de la mejor manera sus intereses, necesidades y voluntad debería ser la razón de estas personas e instituciones políticas para contribuir a la determinación de una política nacional, demostrando de esta manera que el éxito electoral está por encima de los principios rectores de la democracia.
Quizá la clave del éxito del ejercicio electoral no radique en que forzemos a los ciudadanos a asistir a las urnas, sino en crear conciencia de que con su abstención delegan su derecho a decidir a otros ciudadanos y que la legitimidad de dicha elección tiene la misma naturaleza y valor que si ellos hubiesen asistido a votar.

El establecimiento de la inscripción automática en los registros electorales al cumplir la mayoría de edad.

En estos días, en nuestro país se está discutiendo sobre la implementación del voto voluntario o facultativo, en reemplazo del régimen que actualmente tenemos, el cual es del voto obligatorio o compulsivo.
Los grupos a favor de dicha reforma indican que el voto obligatorio coercitivamente incita el interés de los jóvenes en la política y en el gobierno, además de constituir una política de igualdad y eliminación del sesgo de la participación de los jóvenes menos privilegiados. Los jóvenes en edad de inscripción, es decir, mayores de 18 años, son aproximadamente 2 millones, los cuales fácilmente darían un vuelco a las elecciones y a la determinación de proyectos políticos.
Sin embargo, en la otra vereda, se afirma que el voto voluntario es consistente con el sistema democrático y el Estado de Derecho. No sería sustentable la existencia de derechos cuyo ejercicio sea obligatorio, puesto que los mismos por definición son facultativos. Si bien existen derechos no renunciables, no existen derechos que a la vez constituyan deberes, ya que sería una contradicción en sí misma. Así como una persona podría ejercer un derecho, podría también no ejercerlo y ello no debería generar problema alguno para el mismo.
La misión central de los político y de sus respetivos partidos radica en mejorar la calidad de la democracia. Como consecuencia, escuchar a la gente e interpretar de mejor manera su voluntad debería ser la razón de estas personas e instituciones políticas, demostrando que el éxito electoral está por encima de los principios rectores de la democracia.
Quizá la clave del éxito del ejercicio electoral no radique en forzar a los ciudadanos a asistir a las urnas, sino en crear conciencia de que con su abstención delegan su derecho a decidir a otros ciudadanos y que la legitimidad de dicha elección tiene la misma naturaleza y valor que si ellos hubiesen asistido a votar.